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CASO REAL:

Un juez prohíbe a Orange llamar a un excliente mientras resuelve su denuncia por acoso telefónico.

Al final del post te explico como actuar, que hacer y a quien acudir.

1. Hechos de este acoso teléfonico.

   1. El cliente decidió cambiar de compañía en 2015 y recibió dos facturas que se negó a pagar; como consecuencia la empresa le inscribió en un registro de morosos.
   2. Orange comenzó a llamar a su teléfono y al de sus familiares y siguió a pesar de que Industria determinó que no debía nada a la compañía.
   3. El hombre denunció por acoso telefónico y se ha adoptado esta medida cautelar; la Audiencia Provincial habla de “persistencia, intempestiva y generalizada”.

2. Sentencia.

   1. El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha prohibido a la compañía Orange comunicarse con un excliente y su familia, mientras se resuelve una denuncia por acoso telefónico que este cliente interpuso contra la empresa de telefonía móvil.
   2. Según consta en un auto, esta prohibición es consecuencia de la adopción de una medida cautelar solicitada por el cliente, ante la supuesta insistencia de la compañía en reclamar una deuda que, por resolución del Ministerio de Industria, había quedado correctamente extinguida.

3. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?.

A finales de 2015, el cliente decide cambiar de empresa telefónica y realiza una portabilidad que no conllevaba ningún gasto por cancelación, según le informó su propia compañía.

Sin embargo, semanas después recibió dos facturas de Orange por 40 euros en concepto de penalización por cancelación de contrato y otra de 40,61 euros por un recibo de línea, dos meses después de haber realizado la portabilidad.

Este cliente respondió que no debía nada, pero la empresa le inscribió en un registro de morosos e inició un proceso de envío de llamadas y mensajes tanto a su terminal como a los de sus familiares, incluyendo una hija menor de edad, que recibía llamadas incluso en horas lectivas.

Fue entonces cuando tramitó un procedimiento de reclamación ante el Ministerio de Industria, a través del cual se le dio la razón en el sentido de corroborar que no debía nada a la empresa, aunque las llamadas prosiguieron y decidió interponer una denuncia por acoso y estafa.

4. El Recurso.

Como consecuencia, el juzgado abrió diligencias previas pero a continuación sobreseyó y archivó el asunto.

Sin embargo, el cliente recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó al juzgado continuar con el procedimiento y diligencias de investigación por un supuesto delito de acoso telefónico, contemplado en el Código Penal tras la última reforma.

Además, y con el visto bueno de la Fiscalía, impuso a Orange España y a las empresas ISGF (Jurídico Informes Comerciales SL) y Gemini (Recoveries & Collections) la orden de prohibición de comunicarse con su excliente y su familia en cualquier modo y con respecto a cualquier medio de comunicación, advirtiendo de que, de incumplir esta medida, se pondrán imponer otras más restrictivas, como la prisión provisional.

Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial consideron que “no solo es altamente molesta por su persistencia, habitual, intempestiva y generalizada, de determinadas compañías suministradoras de productos/servicios o sus contratados, sino que, tras la última reforma del Código Penal, debe merecer la admisión a trámite”.